Durante la dictadura de Alejandro A. Lannuse, el 22 de agosto de 1972 la armada argentina asesinó a 16 presos políticos en la Base Almirante Zar de Trelew. El fusilamiento de los presos políticos fue el primer gran acto del plan clandestino de represión que alcanzaría su mayor expresión con la última dictadura cívico-militar. A 53 años, Patricia Bullrich, negó a familiares de las víctimas actividades conmemorativas.
Hoy, 20 de agosto, en el Día del Activismo por la Diversidad Sexual, recordamos a Carlos Jáuregui y a todas las personas que hicieron de la militancia una herramienta para el reconocimiento de derechos.
Movilizamos desde el Santuario de San Cayetano, ubicado en el barrio de Liniers hacia la Plaza de Mayo.Volvimos a rechazar las políticas de miseria planificada, hambre y desempleo.
Los abajo firmantes, integrantes de organismos de derechos humanos, comisiones por la memoria, áreas de derechos humanos de organizaciones sindicales, de universidades, de gestión pública, y del ámbito legislativo, entre otros sectores, nos unimos ante la detención y proscripción de Cristina Fernández y organizamos el espacio Derechos Humanos contra la proscripción: Cristina Libre. Nos reunimos porque entendemos que este hecho afecta a nuestra democracia y a los derechos constitucionales de todo el pueblo argentino.
En una contundente muestra de solidaridad se realizó una conferencia de prensa frente a los Juzgados del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para exigir la reincorporación de Flavia Fernández Brozzi, integrante del Consejo Directivo de ATE Capital, abogada especializada en Derechos Humanos y querellante en causas por crímenes de lesa humanidad.
Marchamos con orgullo y convicción hacia Plaza de Mayo en una movilización masiva que paralizó el corazón de Buenos Aires. Lo hicimos con una mística que nos une, para defender la democracia y repudiar la injusta condena a nuestra expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Miles de compañeras y compañeros, junto a movimiento obrero en unidad, llenamos la plaza con el fervor de quienes no están dispuestos a ceder ante la proscripción ni el ataque a nuestros valores democráticos.
Desde ATE Capital denunciamos el despido de Flavia Fernández Brozzi, abogada especializada en Derechos Humanos, querellante en causas por crímenes de lesa humanidad, trabajadora del área de Derechos Humanos hace más de 20 años y responsable del área en nuestro sindicato. La solicitud fue presentada por el Subsecretario Alberto Baños ante el Ministerio de Justicia, sin causa alguna.
Desde ATE Capital celebramos la resolución dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, a cargo del juez Martín Cormick, que hizo lugar a la medida cautelar solicitada por los trabajadores Rubén Ricardo López, Luis Fernando Beltrán, Santiago Papolla y Ángel Ignacio Gómez. La decisión ordena suspender la aplicación de la Resolución 376/24 del Ministerio de Justicia y garantiza la continuidad del pago del “Incentivo Ente Cooperador ACARA” hasta que se resuelva de manera definitiva la impugnación administrativa presentada.
